Ciudad de México.- La Comisión de Hacienda y Crédito Público se reunió con Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación, que planteó los cambios de estrategias en la recaudación fiscal y en la persecución de los delitos relacionados.
El funcionario dijo que los estados deben participar en investigaciones y que la recaudación sea repartible en las entidades.
“Si queremos que se persigan los delitos fiscales y se acabe totalmente con esta práctica deleznable, sobre todo cuando estamos pasando por una pandemia donde vimos tantas carencias por la falta de presupuesto, y sabemos que las factureras se llevaban muy buena parte de esos recursos”, aseguró.
Durante la reunión en plataforma digital, la presidenta de la Comisión, Patricia Terrazas Baca, comentó que la corrupción fue el deporte favorito de todos los delincuentes en el país, sobre todo de los prestadores de servicios que cobraban cantidades millonarias que, en estos momentos de emergencia, podrían ser de gran ayuda.
«Me gustaría que todos firmaran un convenio y que se llenaran de recursos bien habidos y no que se hicieran fuera del trabajo y profesionalismo de los estados”, apuntó.
Reconoció la disposición del procurador Fiscal para atender la petición de los legisladores a fin de entablar este diálogo sobre la reforma penal fiscal y la estrategia de la Procuraduría para combatir la evasión.
“Cuando se legisla para el bien del país los diputados están dispuestos para hacerlo” y resaltó el esfuerzo de los integrantes de la Comisión a fin de coadyuvar en el combate contra la corrupción.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal señaló que a más de siete meses de la reforma penal fiscal, la sociedad necesita saber los principales avances, qué obstáculos se enfrentan y cuáles son los desafíos. Aseguró que su grupo parlamentario “está convencido de seguir impulsando políticas públicas que contribuyan a combatir la evasión”.
Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación, aseguró que se realizan acciones coordinadas con el SAT para detectar evasión de los grandes contribuyentes, porque hay casos en que las transnacionales dejan una pequeña tasa de impuestos en el país y se llevan todas las utilidades.
Se hacen estudios para subir esos márgenes y elevar el porcentaje efectivo de pago. El objetivo es establecer una tasa de 2.5 por ciento efectiva porque algunas transnacionales sólo dejan el .9 por ciento actualmente.
Respecto a las querellas registradas en esta administración, comentó que han sido alrededor de 300, con diversos montos, a causa de defraudación y por delitos fiscales y financieros. Las demandas se presentan cada semana.
Sobre los acuerdos reparatorios indicó que son por 12 o 13 mil millones de pesos. Hubo contribuyentes que se acercaron a negociar para evitar la querella y propusieron regularizar su situación fiscal. Uno de ellos pagó nueve mil millones de pesos y otros, incluso, anticiparon sus contribuciones a efecto de evitar la acción penal.
Aclaró que el acuerdo reparatorio solo aplica una vez, de no cumplir posteriormente enfrentarán un juicio penal y sentencia, por eso es muy delicado este proceso. “Es algo novedoso con cantidades realmente importantes”.
En cuanto a los criterios de oportunidad, Romero Aranda aseguró que con la reforma fiscal 2020 “tenemos la posibilidad de utilizarlos para llegar a las cabezas delictivas”, es decir, quien contrató a las personas que firmaron y realizaron las acciones.
“Con un criterio de oportunidad se puede acreditar que el superior dio la instrucción, cometió el delito o es el beneficiario, con esa declaración concatenada con otras pruebas puede fincarse acción penal, como en el caso de las factureras, por ejemplo”, precisó.
